El Gobierno crea un nuevo procedimiento de mediación obligatoria para conflictos en salud
Buenos Aires, 4 de junio de 2025 – A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 379/2025, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la creación del “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), un mecanismo que busca agilizar la resolución de reclamos entre usuarios del sistema de salud y las obras sociales o prepagas, sin necesidad de iniciar un juicio.
La medida modifica la Ley 26.589, incorporando un trámite optativo pero obligatorio si se elige para quienes deseen reclamar por prestaciones de salud ante obras sociales, entidades del seguro de salud y empresas de medicina prepaga. El objetivo es descomprimir el sistema judicial, que se encuentra saturado por la creciente cantidad de amparos y medidas cautelares vinculadas a temas sanitarios.
Según datos oficiales, en 2024 se iniciaron más de 10.900 juicios por reclamos de salud, lo que impulsó al Gobierno a adoptar esta vía alternativa que promueve el diálogo entre las partes, con asistencia letrada obligatoria y audiencias con plazos breves.
Capacitación para mediadores
El nuevo procedimiento exige que los mediadores especializados en salud estén debidamente registrados, posean experiencia previa y aprueben un programa de formación y un examen de idoneidad, coordinado entre los Ministerios de Justicia y Salud. La capacitación será continua y obligatoria.
Honorarios y costos
El decreto también establece un esquema especial de honorarios: si la mediación concluye con acuerdo, paga la parte demandada. Si no hay acuerdo, el fondo previsto por la Ley 26.589 se hace cargo, con posibilidad de reintegro si hay condena judicial posterior. Si el reclamante no judicializa tras la mediación, deberá devolver lo pagado al fondo.
Intervención del Estado y alcance federal
El Ministerio de Salud podrá participar en las audiencias si el caso lo amerita, y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar procedimientos similares en sus jurisdicciones.
El PROMESA entrará en vigencia 60 días después de su publicación oficial y se espera que agilice el acceso a soluciones en materia de salud, evitando judicializaciones innecesarias.